La Venezuela del día después y la del día antes: colapso económico, orígenes institucionales y hoja de ruta para la recuperación

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Abstract

Este ensayo describe la situación económica de Venezuela y los antecedentes institucionales que condujeron al colapso de su economía. Tiene tres objetivos principales: primero, caracterizar con base en las estadísticas disponibles la evolución del sector real venezolano desde una perspectiva histórica; segundo, proponer un conjunto de recomendaciones para superar la crisis y promover una recuperación vigorosa y sostenida en el evento de una transición política; y tercero, identificar áreas de política esenciales para la recuperación en donde existen vacíos significativos de información que se beneficiarían de un esfuerzo de documentación e investigación. El ensayo sostiene que el colapso de Venezuela —el mayor registrado en la historia de América Latina— tiene sus raíces en el desmantelamiento progresivo del mecanismo de mercado y del estado de derecho, proceso que fue disimulado durante casi una década por la bonanza petrolera y el endeudamiento acelerado de la república. La recuperación exige, como condición necesaria, la recreación de las instituciones de mercado y de la propiedad privada, una estrategia de restablecimiento del flujo de divisas articulada en tres pilares —financiamiento multilateral y bilateral, apertura del sector petrolero a la inversión privada, y reestructuración agresiva de la deuda pública externa—, así como el desarrollo de las capacidades del Estado y el aprovechamiento de una diáspora que suma más de cinco millones de venezolanos.

2. La Venezuela del día después (y la del día antes)

Miguel Ángel Santos

El autor agradece los comentarios y sugerencias recibidas de José Ignacio Hernández y de los demás miembros del equipo de Venezuela en el Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard: su director Ricardo Hausmann, los investigadores Douglas Barrios, Ricardo Villasmil, José Ramón Morales y José Francisco Muci. También a los asistentes a los múltiples seminarios que ha organizado el Laboratorio de Crecimiento en los últimos cinco años para discutir los problemas de Venezuela, cuantificar sus males y buscar soluciones a sus problemas más urgentes. Los conceptos y el contenido de este ensayo son responsabilidad última y única del autor.

2.1 Introducción

La caída de la economía de Venezuela pareciera no tener final. El país lleva ya siete años sumido en una profunda recesión (2014-2020), en la cual el tamaño de su economía se ha reducido a un cuarto de lo que era en el 2013.¹ En términos per cápita las cifras son más difíciles de estimar, porque el colapso provocó una migración masiva, que de acuerdo con los estimados se encuentra entre el 15 % y el 20 % del total de la población (Bahar & Barrios, 2018; Santos, 2018; Stein, 2020).

Venezuela también está sufriendo uno de los procesos hiperinflacionarios más prolongados e intensos que se hayan registrado a nivel mundial. Desde finales del 2017, cuando superó por primera vez la cota de 50 % mensual,² la inflación se ha mantenido en el orden de los miles por ciento anual entre 2018 y 2020, independientemente de las estadísticas que se utilicen. Según las cifras del propio Banco Central de Venezuela, en los treinta y cuatro meses transcurridos desde el inicio de la hiperinflación (diciembre 2017), el promedio móvil de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor ha oscilado entre un mínimo 1.259 % (enero del 2018) y un máximo de 344.509 % (febrero del 2019). De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional de Venezuela (Inpcan), en ese mismo periodo el promedio móvil de los últimos doce meses de la inflación ha oscilado entre un mínimo de 2.586 % anual (diciembre del 2017) y un máximo de 2.689.459 % (enero del 2019). Hasta la fecha es la tercera inflación más prolongada que se haya registrado a nivel mundial, solo por detrás de Zimbabue (2007-2015) y Nicaragua (1986-1991).

Los mecanismos estabilizadores que suelen amortiguar las magnitudes de las catástrofes económicas no están presentes en el caso de Venezuela. Así, por ejemplo, cuando un país sufre interrupciones abruptas en el flujo de divisas (Calvo, Izquierdo, & Talvi, 2003) —ya sea por una caída en los precios de sus exportaciones, por una fuga de capitales o por una crisis de deuda— la respuesta natural es una depreciación real de la moneda que encarece las importaciones y promueve la competitividad del sector exportador. En el caso de Venezuela, los mecanismos de mercado han sido sustituidos por la planificación estatal, el aparato productivo ha sido expropiado, sea de jure o de facto, y las pocas exportaciones distintas a recursos naturales que existían se han extinguido. Por esa razón, cuando se revisan las diez caídas más grandes de producto interno bruto (PIB) y de importaciones registradas en un quinquenio desde 1960 hasta 2018, los registros de Venezuela (2013-2018) en ambos rubros —49 % y 84 % respectivamente— lo convierten en el único país que aparece en ambos rankings (2013-2018).³ Eso equivale a decir que ningún país en los últimos sesenta años ha registrado un colapso en la oferta agregada —producción doméstica más importaciones— de la magnitud de Venezuela.

No hay área más ilustrativa del deterioro de la situación económica de Venezuela que la producción petrolera. En los primeros cinco meses del 2020, el promedio de la producción del país estuvo un 71 % por debajo de la cifra registrada en los años 2013 y 2014.⁴ Aunque la atención de los analistas se ha centrado en este último periodo —es allí en donde se registra efectivamente el colapso más pronunciado— la caída se empezó a gestar muchos años atrás, con el despido de 18.000 trabajadores petroleros durante la huelga general del 2003. A partir de entonces, los impactos de la pérdida de capital humano y la consecuente impericia gerencial y técnica, el descuido y la caída en la inversión, se han visto catalizados a partir del 2018 por las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, llevando la producción venezolana a apenas 382.000 barriles por día en octubre del 2020. El país con las mayores reservas petroleras probadas del mundo (EIA, 2020) apenas es capaz de producir hoy el 15 % de lo que producía cuando Hugo Chávez llegó al poder en diciembre de 1998.

Las consecuencias sociales de semejante colapso son innegables y se manifiestan en un deterioro sin precedentes en la calidad de vida, con una aceleración muy significativa de la pobreza. La magnitud es difícil de estimar, toda vez que en paralelo al inicio del colapso (2014) el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dejó de publicar la Encuesta Nacional de Hogares. En respuesta, tres universidades venezolanas desarrollaron la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), un instrumento que busca llenar el vacío dejado por el INE, aportar información estadística fundamental para entender el deterioro y pensar en las respuestas de política más urgentes para atender a los segmentos más vulnerables de la población. Las estadísticas de la Encovi 2019-2020 son bastante elocuentes. La pobreza, concebida como un ingreso mínimo necesario para adquirir la canasta básica familiar, supera el 95 %. En términos de consumo —el agotamiento de los ahorros y las remesas pueden contribuir al consumo de algunas familias en ausencia de ingresos— más del 65 % de la población no consume más de 2.000 calorías por día.

Al igual que sucede con el petróleo, la tentación es buscar sus causas en los años en donde comenzó la debacle productiva de Venezuela. En realidad, el colapso de Venezuela se empezó a gestar hace más tiempo, con el desmontaje de la institución del mercado y su sustitución por la planificación centralizada, controlada y arbitraria del Estado.

El mecanismo de mercado permite a las sociedades organizarse de manera espontánea para satisfacer sus necesidades haciendo el mejor uso posible de los recursos disponibles. Ese mecanismo depende de una red de instituciones y regulaciones que empezaron a ser desmontadas hace dos décadas, y cuyos impactos fueron disimulados durante algún tiempo por la bonanza petrolera y el endeudamiento acelerado de la república. Entender este proceso es esencial no solo para identificar las razones por las cuales el país ha sido incapaz de producir una transición política en medio de la catástrofe, sino también para pensar en las bases de un programa orientado a producir una recuperación acelerada.

Este documento tiene tres objetivos principales. En primer lugar, describir con base en las estadísticas disponibles la situación actual de Venezuela, así como también los antecedentes institucionales que condujeron al colapso de su economía. En segundo lugar, proponer un conjunto de recomendaciones para superar la situación y promover una recuperación vigorosa y sostenida de su economía en el evento de una transición política. Por último, el documento identifica áreas de política esenciales para la recuperación en donde existen vacíos muy significativos de información, que se beneficiarían de un esfuerzo de documentación e investigación.

¹ Cifras oficiales del Banco Central de Venezuela para los años 2014-2018, estimación del Fondo Monetario Internacional para el 2019 y 2020.

² El inicio y el fin de la hiperinflación siguen los criterios clásicos de la literatura económica, según los cuales la hiperinflación se inicia con el registro del 50 % de variación mensual de precios y finaliza cuando han transcurrido doce meses consecutivos con una inflación menor a esa cifra (Cagan, 1956). De acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Venezuela, el inicio de la hiperinflación fue en diciembre del 2017 (55,6 %); según el Índice Nacional de Precios de la Asamblea Nacional (Inpcan), eso ya había ocurrido en noviembre del 2017 (56,7 %).

³ Cálculos del autor con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial.

⁴ Cálculos del autor, con base en los reportes mensuales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Reporte mensual de diciembre del 2020 de la OPEP, consultado el 27 de enero del 2021. La cifra corresponde al reporte de fuentes secundarias (p. 48); comunicación directa reporta para ese mismo mes producción de 473.000 barriles (p. 49).

2.2 La evolución del sector real desde una perspectiva histórica

La trayectoria económica de Venezuela en los setenta años que van desde 1950 hasta 2020 (figura 1) se puede describir en tres grandes periodos: la Gran Expansión (1950-1977), el Gran Estancamiento (1978-2013) y la Gran Debacle (2014-2020). De estos tres, el periodo que más nos interesa a los propósitos de este ensayo son los veintiún años que van desde 1999 hasta el 2020. Sin embargo, la perspectiva del largo plazo sirve para poner énfasis en algunos aspectos del contexto que son importantes. En primer lugar, resalta la pobre trayectoria de crecimiento de Venezuela en los veinte años que precedieron a la elección de Hugo Chávez. Entre 1978 y 1998, la economía venezolana se expandió a un ritmo del 1,4 % anual, significativamente menor a la tasa de crecimiento poblacional. En esos veinte años el PIB por habitante cayó a una tasa promedio anual del 1,1 %, para una caída acumulada del 20,6 %.

En segundo lugar, solo se han necesitado siete años (2014-2020) para revertir todo el progreso económico registrado durante la Gran Expansión y mantenido a duras penas durante el Gran Estancamiento. Al cierre del 2020, el tamaño de la economía venezolana se había revertido al que tenía alrededor de 1965, con tres veces más población. Este último tema, el de la población, se ha hecho más difícil de precisar, toda vez que las proyecciones demográficas del INE todavía reflejan un crecimiento parsimonioso de la población, sin rastros de la emigración masiva de venezolanos que ha tenido lugar en los últimos cinco años.

Figura 2.1. Venezuela: PIB 1950-2019 (1950 = 100)
Fuentes: variación del PIB según el Banco Central de Venezuela (1950-2018), el 2019 viene del Fondo Monetario Internacional. Las estadísticas de la población vienen del INE.

La evolución de la producción petrolera —en términos totales y por habitante— sigue un patrón distinto (figura 2). Durante los primeros veinte años de la Gran Aceleración la producción pasó de 1,5 (1950) a 3,7 (1970) millones de barriles por día. Ese punto marca el hito de la producción petrolera, una cota que Venezuela no ha sido capaz de superar. En términos per cápita, al cierre de 2020 Venezuela exhibía un nivel de producción petrolera equivalente a 4 % del que tenía en su punto más alto (1957).

De esta visión de más largo plazo también se pueden derivar algunas lecciones importantes a la hora de diseñar un plan de reformas para la recuperación de la economía venezolana. En primer lugar, aunque el colapso productivo que se ha registrado en la producción petrolera a partir del 2014 es muy significativo, el grueso de la caída en la producción petrolera per cápita había ocurrido entre 1970 y 1990. En segundo lugar, el colapso de la producción petrolera per cápita en estos cincuenta años solo fue interrumpido por una expansión del 41 % (74 % en términos de barriles por día) registrada en la década 1989-1998. Por último, el colapso reciente en la producción antecede a las rondas secuenciales de sanciones impuestas sobre Venezuela por el Gobierno de Estados Unidos desde finales del 2017. Esto no quiere decir que la industria petrolera ha sido inmune a las sanciones, pero sí nos obliga a revisar el marco institucional y la economía política que ha rodeado al proceso de extracción de petróleo en Venezuela y la apropiación de las rentas asociadas.

Figura 2.2. Venezuela: producción petrolera (promedio anual, 1950-2019)
Total (en barriles por día) y per cápita (en barriles per cápita por año).
Fuentes: Ministerio de Energía y Minas de la República Bolivariana de Venezuela. Petróleo y otros datos estadísticos (PODE). OPEP. INE.

Más allá del sector petrolero, en estos últimos veinte años la economía ha experimentado un cambio significativo en su composición. El prolongado boom en los precios de las materias primeras, propagado por una expansión fiscal sin precedentes en un contexto de apreciación cambiaria, provocó una aceleración vertiginosa en el sector no transable de la economía entre 1999 y el 2012. En esos quince años, la actividad económica de Instituciones Financieras y Seguros se expandió a ritmo del 10,4 % anual promedio (con una expansión total del 297,9 %), seguido de Comunicaciones con el 10,0 % (277,9 %), Construcción con un 4,9 % (94,1 %), y Comercio y Servicios de Reparación con el 4,6 % (86,1 %). En contraste, entre 1998 y el 2012 la actividad de los sectores transables se movió a ritmos mucho más bajos, con Manufactura creciendo a tasas promedio anual del 1,9 % (30,3 % de expansión en catorce años), Minería al 0,6 % (9,3 %) y Petróleo —del que ya hemos hablado antes— cayendo a ritmo de 0,9 % anual (11,9 % de caída en el periodo).

Si bien el boom tuvo impactos asimétricos, el colapso que se precipitó a partir del 2013 no distinguió entre sectores transables y no transables. Así, la debacle económica a nivel sectorial registrada en Construcción (pérdida de 90,7 % de su actividad en seis años), Comercio (75,6 %), Instituciones Financieras y de Seguros (69,5 %), Transporte y Almacenamiento (62,6 %), son comparables a las que se han registrado en los sectores de Manufactura (71,7 %), Minería (57,5 %) y Petróleo (51,1 %). En total, la economía vio desaparecer el 48,6 % de su actividad en los seis años que van del 2012 al 2018, a un ritmo promedio de caída del 10,5 % anual. Si se excluye la categoría de Productos y Servicios del Gobierno General, la caída en el resto de la actividad económica es del 54 % (12,1 % anual).⁶

Las consecuencias de estos veinte años en términos de estructura de la economía se pueden apreciar en la figura 3. El sector transable (Minería, Manufactura y Petróleo) ha pasado de representar el 37 % de la actividad económica en 1998 a apenas un 20 % en el 2018. Si se incluye la categoría Resto (que entre muchas otras cosas consolida la actividad económica de agricultura, restaurantes y hoteles), la caída en la representación del sector transable es del 42 % en 1998 al 25 % en el 2018. En cualquier caso, el mensaje es el mismo. Dentro del contexto de una demanda interna baja y volátil, las posibilidades de una recuperación sostenible y vigorosa pasan por la capacidad de la economía venezolana para acceder a los mercados mundiales y exportar de forma competitiva. Solo así se pueden generar las divisas que el país necesita para —entre otros usos— fortalecer su posición externa e importar los bienes de capital y de consumo que no está en capacidad de producir.

Figura 2.3. Estructura del PIB: 1998 vs. 2018
Fuentes: Banco Central de Venezuela.

⁶ Estos datos solo incluyen hasta el 2018, último año para el que hay estadísticas de actividad económica a nivel sectorial en la página web del Banco Central de Venezuela, para la fecha de este ensayo (octubre del 2020).

2.3 Los orígenes del colapso 2014-2019

El colapso de la economía venezolana tiene sus orígenes en el boom petrolero de la década 2003-2013. La bonanza sostenida en los precios del crudo disimiló durante algunos años los impactos del desmantelamiento progresivo del estado de derecho y del mecanismo de mercado que ocurrió durante en esa década. Entre el 2004 y el 2008 los precios de la cesta venezolana se multiplicaron por cuatro, antes de caer brevemente en el 2009 en medio de la crisis financiera global. A partir de allí recuperaron la tendencia previa y se estabilizaron en un promedio por encima de 100 dólares por barril entre el 2011 y el 2013.

En ese contexto, las exportaciones de Venezuela en dólares reales por habitante crecieron 350 % entre el 2003 y el 2012 (figura 4). La bonanza de divisas no estuvo restringida al mercado petrolero. Entre el 2006 y el 2013, los años de mayor abundancia petrolera, la deuda externa de Venezuela —incluyendo deuda soberana y de la petrolera estatal PDVSA— se multiplicó por un factor de seis.

Figura 2.4. Exportaciones e importaciones reales per cápita (1989-2018)
Fuentes: Banco Central de Venezuela, INE.

Esa combinación de boom de petróleo y deuda surtió los recursos necesarios para una expansión fiscal que a su vez produjo un boom de consumo sin precedentes (figura 5). En los quince años que van entre 1998 y el 2013, el gasto público y el consumo privado en términos reales per cápita crecieron a un ritmo promedio anual del 3,2 % y el 3,3 %, respectivamente. Eso equivale a decir que para el 2013 un venezolano promedio consumía 63 % más en volumen que en 1998, y que el gasto público en términos reales por habitante era 59 % mayor. Como se puede apreciar cuando se conjuga la trayectoria descrita en las figuras 4 y 5, ese extraordinario boom de consumo no tuvo como contrapartida una expansión de la producción doméstica, que registró apenas un crecimiento del 14 % entre 1998 y el 2013 (0,9 % anual). Las importaciones, por el contrario, crecieron 143 % entre 1998 y el 2012⁷ (6,6 % anual). Como se puede apreciar en la figura 4, esa extraordinaria expansión se concentró entre el 2003 y el 2012, cuando las importaciones en dólares constante por habitante crecieron 334 % (11,1 % anual).

Las cantidades de divisas que llovieron sobre la economía venezolana entre el 2003 y el 2013 como consecuencia del boom petrolero y el endeudamiento acelerado fueron mucho mayores que las requeridas para sustentar el aumento de consumo vía importaciones. La diferencia alimentó un proceso acelerado de fuga de capitales, estimada en esa década entre 169.550 y 189.560 millones de dólares (Reinhart & Santos, 2016). Esta exportación de capital se produjo en pleno control de cambio y a tasas artificialmente sobrevaluadas. El control de cambios —instaurado con la premisa de frenar la salida de capitales— no le puso fin a la fuga, pero sí le permitió al Gobierno, en la bonanza que sobrevino después, escoger quiénes se fugaban.

Ese control implementado en abril del 2003 fue el primero de una serie de reformas legales orientadas a desmontar el mecanismo de mercado, mientras el país disfrutaba de un boom de consumo, importaciones y salidas de capital sin precedentes. El mecanismo establecía una Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) para procesar solicitudes de adquisición de divisas a la tasa oficial, desde viajes y compras por internet, hasta compras de materia prima y repatriación de dividendos. Al control de cambio le siguieron en rápida sucesión otros instrumentos legales orientados a darle al gobierno central cada vez más poder y discreción, eliminando gradualmente las instancias de contraloría y rendición de cuentas.

Los primeros controles de precios fueron decretados en el 2003. Se mantendrían en vigencia desde entonces hasta nuestros días, reforzados a partir del 2011 por la Ley de Precios Justos. En el 2005 se crearon dos dispositivos que fragmentaron el tesoro nacional y le permitieron al Gobierno administrar ingentes cantidades de recursos fuera del escrutinio del poder legislativo. En julio del 2005 se hizo una reforma parcial a la Ley del Banco Central de Venezuela que liberaba a la compañía petrolera estatal PDVSA de su obligación de vender todos los proventos de sus exportaciones de crudo al ente emisor. De forma simultánea se creó una nueva entidad, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), situada bajo directo control presidencial y con absoluta discreción. Fonden recolectaría los ingresos petroleros en exceso de los contemplados en el presupuesto nacional, así como también las transferencias de “reservas excedentarias” que le hiciera el Banco Central de Venezuela. Este último es una suerte de excedente sobre un “nivel óptimo” de reservas establecido por el Banco Central y cuya metodología jamás llegó a ser conocida a ciencia cierta.

Así, se inició el proceso que terminaría por convertir al presupuesto nacional de la nación en un formalismo inútil, pues de manera consuetudinaria se subestimaban los ingresos públicos (normalmente bajo la figura de precios petroleros muy por debajo del nivel esperado) y se canalizaban los excedentes al Fonden, administrado con absoluta discreción por el presidente de la república. En la medida en que la bonanza se intensificaba, estos instrumentos vendrían a ser complementados por el lanzamiento del Fondo Chino. En principio, el Fondo Chino sería un vehículo conjunto para financiar proyectos de desarrollo en Venezuela. En la práctica, terminaría por ser financiado exclusivamente a través de líneas de crédito en el Banco de Desarrollo de China, administradas con absoluta discreción por el poder ejecutivo y repagadas con envíos de petróleo.

En ausencia de mecanismos o procesos formales de rendición de cuentas, no es posible saber qué sucedió con los recursos que fluyeron a través de estos fondos. A falta de registros de egresos, solo queda la contabilidad de los fondos ingresados por ambas entidades. En el caso del Fonden —de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio de Finanzas— desde su creación en el 2005 hasta octubre del 2015 había recibido 85.127 millones de dólares de PDVSA y otros 48.924 millones de dólares en aportes del Banco Central de Venezuela. La cifra total de recursos administrados por el Fonden —134.051 millones de dólares— equivale a cuatro veces el total del PIB estimado para Venezuela al cierre del 2020. En relación con el Fondo Chino, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela se recibieron 54.000 millones de dólares, de los cuales para el primer trimestre del 2019 todavía se adeudaban 16.279 millones de dólares.

El desequilibrio fiscal que se produjo como consecuencia de la fragmentación institucional del gasto y la creciente desviación de la ejecución hacia mecanismos que escapaban el escrutinio público, se encuentra reflejado en la figura 6. En plena bonanza petrolera, en la medida en que los precios promedio de la cesta de crudo venezolano pasaban de 26 dólares por barril en el 2003 a más de 100 dólares entre el 2011 y el 2013, las cuentas fiscales del sector público restringido venezolano empezaron a registrar déficits cada vez mayores.⁹ Dichos déficits ampliaron los efectos del boom petrolero sobre el consumo y transmitieron sus impactos al sector no transable de la economía. Las necesidades derivadas de estos desequilibrios fiscales fueron agotando sucesivamente todas las fuentes de financiamiento. La deuda interna se multiplicó por un factor de seis entre 1998 y el 2013, y la deuda externa se multiplicó por cinco entre el 2006 y el 2013. A partir del 2014 las necesidades fiscales empezaron a ser cubiertas con financiamiento monetario, lo que desembocó a finales de 2017 en una hiperinflación que persiste a la fecha del presente texto.

El nivel de las curvas de la figura 6 esconde el colapso de las cuentas fiscales que ha acompañado la debacle productiva en los últimos seis años, porque los expresa en función del tamaño de una economía que ha perdido tres cuartos de su actividad en ese periodo. Para hacernos una idea mejor del desplome de los ingresos y egresos fiscales del sector público restringido, la figura 7 describe ambas partidas, calculadas en dólares a la tasa de cambio promedio del mercado paralelo. Si bien este mercado funciona bajo un conjunto de restricciones que lo hacen muy volátil y no puede considerarse un espejo fiel de la tasa de cambio de equilibrio, sí nos da una idea del colapso ocurrido en los ingresos y egresos fiscales, que para el 2017 se encontraban en niveles entre el 3 % y el 6 % (según como se mida) de los valores que exhibían en sus respectivos picos en el 2011.

Figura 2.6. Balance fiscal del sector público restringido
Fuentes: Ministerio de Finanzas, estimaciones propias del autor.

Figura 2.7. Ingresos y egresos del sector público restringido (dólares a la tasa paralela promedio)
Fuentes: Ministerio de Finanzas, estimaciones propias del autor.

Los controles cambiarios y de precios, y la fragmentación sucesiva del tesoro nacional, fueron complementados con otros dispositivos, regulaciones y políticas orientados a desmontar el mecanismo de mercado (figura 8). En el 2006 se creó la Superintendencia Nacional de Silos Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), que complementaba el Sistema Integral de Control Alimentario (SICA). Estos mecanismos introdujeron el control del Estado en la distribución de materia prima para el procesamiento de alimentos y alimentos terminados, a través de un registro donde las empresas debían dejar constancia permanente de inventarios, recepciones y despachos.

A partir del 2007 se hicieron más frecuentes las expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones, extendiendo a activos y empresas las prácticas que habían empezado con las expropiaciones de tierras en el 2005. Esta nueva ola comenzaría en enero del 2007 con la renacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (accionista mayoritario Verizon, con 28,5 % del capital) y de la Electricidad de Caracas (accionista mayoritario Applied Energy Services Corporation, 87,1 % del capital). El Observatorio Venezolano de la Propiedad de Cedice mantiene un registro de propiedades, terrenos y empresas expropiadas mediante un decreto en la Gaceta Oficial (no incluye expropiaciones de facto) entre el 2005 y el 2019. La lista totaliza 1.754 entradas que incluyen entre otros rubros 48 empresas agrícolas, 38 empresas de construcción, y otras 20 entre el sector de petróleo, gas y minería.

Figura 2.8. Instrumentos legales seleccionados
Fuentes: elaboración del autor.

En el 2007 se aprobó la Ley de Ilícitos Cambiarios que penalizaba actividades de compraventa de divisas y eliminaba algunas áreas grises que todavía existían bajo la regulación del control de cambio vigente. Un año después se aprobó la Ley de Soberanía Alimentaria con el objetivo de “garantizar el abastecimiento oportuno y acceso a los alimentos por parte de la población”, un instrumento que incrementa el control del Estado sobre el intercambio, la distribución y el comercio de alimentos y productos agroalimentarios. En el 2014, en el umbral del colapso, se aprobó la Ley Orgánica de Precios Justos, que establece márgenes máximos de ganancia e introduce fuertes penalidades a violaciones de precios y beneficios. En la exposición de motivos se denuncia “la simbiosis entre gobiernos irresponsables y empresarios apátridas que, en medio de la cultura especulativa, fueron incapaces de abrir espacios a la producción nacional, al trabajo productivo, diversificar la economía y generar confianza en el pueblo consumidor”.

Estos son apenas algunos de los instrumentos legales más notorios dentro un entramado mucho más granular y complejo, cortesía de las amplias y sucesivas habilitaciones legislativas que concentraron poderes en la presidencia, y gradualmente destruyeron el mecanismo de mercado y lo sustituyeron por la planificación centralizada (Curiel, 2015). La sociedad se fue quedando sin dispositivos para coordinar sus esfuerzos productivos de manera espontánea en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. Así, la productividad de la economía y del trabajo fue horadada y los ciudadanos se volvieron cada vez más dependientes de un Estado cada vez más ineficiente. Es importante reconocer estos antecedentes, porque no es posible concebir la recuperación de Venezuela sin el restablecimiento pleno de las instituciones de la propiedad y el mercado.

Los resultados de la implementación de este conjunto de leyes y dispositivos en cualquier otro lugar hubiesen producido un colapso mucho más acelerado de la actividad productiva. En Venezuela, los proventos de la bonanza petrolera y la avalancha de endeudamiento público permitieron posponer la debacle durante algo menos de una década. Como solía advertir Rudiger Dornbusch, los fenómenos económicos suelen tomar más tiempo en manifestarse de lo que uno espera, pero cuando lo hacen vienen con una fuerza y aceleración mayor de lo que uno hubiese podido predecir.¹⁰ Venezuela no fue la excepción.

⁷ Nótese que el pico en las importaciones en dólares reales por habitante ocurrió un año antes (2012) que el pico en el del consumo privado per cápita en términos reales (2013).

⁹ Para tener una idea del desequilibrio fiscal en medio de la fragmentación del tesoro nacional, se ha utilizado aquí el déficit del sector público restringido, una medida más agregada que comprende el balance del Gobierno central, Petróleos de Venezuela, y las empresas del sector no financiero.

¹⁰ U.S. Congress. Committee on the Budget (2012, p. 95).

2.4 La Gran Debacle (2014-2020)

La caída de los precios del petróleo ocurrida entre el 2014 y el 2015 puso al descubierto todas las vulnerabilidades de la economía venezolana que se han descrito (figura 9). Los mercados financieros —que habían mantenido la prima de riesgo de Venezuela alrededor del 10 % luego de la crisis financiera del 2008-2009— ajustaron sus primas a niveles consistentes con probabilidades de default por encima del 90 %. A partir de entonces, los mercados se le cerraron a Venezuela, con la excepción de dos operaciones específicas. La primera fue en mayo del 2017, un intercambio de títulos entre la república de Venezuela y Goldman Sachs a una tasa de rendimiento implícita superior al 50 %, que hoy se conocen como los Bonos del Hambre (Hausmann, 2017). La segunda ocurrió a finales de ese mismo año, un canje de bonos de PDVSA que se cerró con un rendimiento implícito del 21 % en dólares, a pesar de que puso en garantía el 50,1 % de las acciones de la red de refinerías de Citgo (Muci & Santos, 2016; Muci & Santos, 2019).¹¹

Durante esos primeros años de caída en los precios del petróleo, el Gobierno introdujo un ajuste drástico en sus importaciones con el objetivo de continuar sirviendo la deuda externa, hasta que definitivamente entró en default selectivo en noviembre del 2017.¹² En vigencia del control de cambio, ese ajuste no se produjo a través de mecanismos de mercado (una devaluación de la moneda y un reacomodo de los precios relativos) sino de forma administrativa (a través de reducción en las asignaciones de divisas para importar a tasa oficial). Puestos a escoger entre recortar importaciones, escasez, desabastecimiento y el servicio de la deuda externa, el Gobierno se inclinó en favor de los tenedores de bonos durante tres largos años que van desde el colapso de los precios del petróleo en el 2014 y el default del 2017. Una elección curiosa —por decir lo menos— para un gobierno que se proclama socialista y anti-mercado (Hausmann & Santos, 2014).

Desde el 2014, Venezuela cuenta los años por recesiones, un colapso productivo que se ha llevado el 75 % del tamaño de la economía en seis años (figura 1). El fin de la bonanza petrolera, el cierre de los mercados financieros internacionales, y la extinción del escaso aparato productivo exportador no-petrolero con que contaba Venezuela, forzaron al país a recortar sus importaciones en 80,6 % entre el 2012 y el 2018 (figura 2).

La caída simultánea en la producción y en las importaciones no tiene parangón con ninguna otra ocurrida a nivel mundial en los últimos sesenta años (1960-2018). La figura 10 lista las diez caídas más grandes en producción por habitante e importaciones registradas en un quinquenio en el mundo a partir de 1960. Como se puede observar, tras el colapso registrado entre el 2013 y el 2018, Venezuela es el único país que aparece en ambas listas.

Figura 2.9. Precios de la cesta petrolera de Venezuela (1989-2019)
Fuentes: Ministerio de Energía y Petróleo.

Figura 2.10. Mayores caídas en cinco años en PIB per cápita e importaciones per cápita (1960-2018)
Fuentes: World Development Indicators, World Bank. Cálculos propios para Venezuela, con base en cifras del Banco Central de Venezuela.

Nada más ilustrativo del impacto devastador de la caída en importaciones sobre la población que las importaciones de medicamentos y material médico quirúrgico. De acuerdo con los reportes de exportaciones (a Venezuela) de sus socios comerciales (figura 11), las importaciones de Venezuela en este rubro cayeron un 96 % entre el 2013 y el 2018. Ningún otro país de América Latina experimentó un colapso remotamente similar tras la caída en los precios de las materias primas.

Figura 2.11. América Latina: importaciones de medicamentos (2000-2018, 2013 = 100)
Fuentes: UN Comtrade, elaboración propia del autor con Sebastián Bustos.

El desplome de la economía ha tenido un impacto muy significativo en la pobreza. Aquí, de nuevo, las estadísticas oficiales guardan silencio en relación con el deterioro en las condiciones en la calidad de vida, pues el INE no publica los resultados de las Encuestas de Hogares por Muestreo (EHM) desde el 2014. Para llenar ese vacío, tres universidades venezolanas han unido esfuerzos y desde ese mismo año realizan la Encuesta de Condiciones de Vidas (Encovi).¹³ La metodología, estrategia de muestreo y alcance de la EHM y la Encovi son distintos, por lo que ambas series no son estrictamente comparables. La figura 12 contiene la evolución de la pobreza según ambos instrumentos, con el área en donde ha ocurrido el vacío de estadísticas oficiales —cubierto ahora por la Encovi— sombreada en gris.

De acuerdo con estas estadísticas, el 96,2 % de los hogares venezolanos no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica (pobreza), y el 79,3 % no cuentan con ingresos para adquirir la canasta básica alimentaria (pobreza extrema).

Dado que muchos de estos hogares cuentan con ahorros, apoyos familiares o remesas para cubrir sus necesidades, es posible que estas cifras sobreestimen el porcentaje de familias en cada condición. Para cubrir esta posibilidad, la Encovi 2019-2020 también ha aproximado la pobreza por el lado del consumo y del enfoque de necesidades básicas no satisfechas. De acuerdo con estas estimaciones, más de dos tercios de las familias venezolanas caerían en la condición de pobreza según el consumo (68 %); entre 32 % y 43 % según el enfoque de necesidades básicas insatisfechas.

Las dificultades económicas dejan a Venezuela en una situación muy vulnerable ante la pandemia del COVID-19. Si bien la condición relativamente aislada del país y las medidas de cierre al tráfico aéreo decretadas por Nicolás Maduro contribuyeron a demorar la aparición de casos, para el mes de junio la situación de nuevos casos por unidad de tiempo ya se encontraba en pleno crecimiento exponencial (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).

Figura 2.12. Tasas de pobreza y pobreza extrema
Fuente: EHM 2002-2013 (Encuesta Oficial sobre Hogares); Encovi 2014-2019/20. La serie de las dos fuentes diferentes no es comparable.

¹¹ La Asamblea Nacional cuestionó la constitucionalidad de la operación, advirtiendo sobre los posibles daños patrimoniales que causaría a la nación, en acuerdo público realizado el 27 de septiembre del 2016.

¹² Se habla de default selectivo porque se continuaron honrando pagos del bono PDVSA 2020 —garantizado por el 50,1 % de las acciones de la refinería Citgo— hasta que este último venció.

¹³ Para más información sobre la Encovi véase https://encovi.ucab.edu.ve

2.5 Conclusiones

Este informe tiene tres objetivos esenciales.

En primer lugar, procura describir las condiciones y los antecedentes institucionales que arrastraron a Venezuela hacia el mayor colapso económico que se haya registrado en la historia de América Latina, así como caracterizar la evolución y el statu quo de las principales variables económicas del país de la forma más objetiva posible. En ese proceso se ha hecho especial énfasis en inscribir la trayectoria económica de Venezuela en las tendencias de largo plazo que provocaron la caída del ingreso per cápita entre 1977 y 1998. A fin de cuentas, el colapso productivo de Venezuela —tanto en su sector petrolero como no petrolero— tiene más de cuarenta años en su haber. Hugo Chávez llegó al poder en diciembre de 1998, tras veinte años en los cuales Venezuela había perdido el 21 % en su ingreso promedio por habitante. Uno de los mayores éxitos económicos en el mundo durante la primera parte del milenio (específicamente entre 1922 y 1977), había transmutado en uno de los más sonados fracasos.

A partir de 1998, sobre las debilidades institucionales y económicas heredadas, se inició un esfuerzo sostenido por instaurar un sistema de control y dominación social. Dicho sistema requería del desmantelamiento del mecanismo de mercado —el dispositivo del que se valen las sociedades para buscar la satisfacción de sus necesidades con base en los recursos disponibles— y su sustitución gradual por la planificación centralizada. La bonanza petrolera y el endeudamiento acelerado de la república disimularon las consecuencias de esa secuencia de políticas y dejaron al país en una situación muy vulnerable. En esos años, los venezolanos producían cada vez menos y consumían cada vez más, haciéndose en el proceso cada vez más dependientes de una estructura de Estado-gobierno-partido cada vez más ineficiente y totalitaria. Para el momento en que la caída de los precios del petróleo y el cierre de los mercados financieros —la capacidad de endeudamiento de Venezuela se agotó durante la bonanza— precipitaron al país hacia el colapso económico, ya habían sido desactivados todos los soportes y resortes institucionales que facilitan las transiciones políticas y les permiten a los países buscar formas alternativas para superar sus crisis.

El segundo objetivo del presente informe es derivar de la propia trayectoria económica un conjunto de recomendaciones —una hoja de ruta— para superar la crisis y promover una recuperación vigorosa y sostenida de la economía en el evento de una transición política. Como se puede inferir de lo anterior, cualquier esfuerzo por cambiar el rumbo debe partir de la recreación de los mecanismos de mercado y de la institución de la propiedad privada, y el restablecimiento del sistema de incentivos a la producción y al trabajo (figura 13).

La crisis solo puede ser resuelta siguiendo un orden inverso a como se presentó. Como se ha descrito aquí, el detonador del colapso ha sido la pérdida de acceso a divisas, consecuencia de la caída en los precios del petróleo, de la propia caída en la producción petrolera, del agotamiento de la capacidad de endeudamiento externo y de la ausencia de inversión extranjera directa. Para atender la emergencia y restituir las bases de la economía será necesario diseñar una estrategia para restablecer el flujo de divisas hacia Venezuela. Dicha estrategia debe estar basada en tres pilares.

En primer lugar, acuerdos de financiamiento multilateral y bilateral. Bien sea por decisiones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como consecuencia de su propia ineficiencia, o por el desconocimiento más reciente de su autoridad en la comunidad internacional, el hecho es que la capacidad de financiamiento de Venezuela y las posibilidades de cooperación internacional están abiertas, tanto en organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), o de cooperación bilateral.

El segundo pilar es la apertura del sector petrolero a la inversión privada nacional e internacional. Por más de quince años la inversión y el desarrollo del sector petrolero venezolano han estado condicionados por el uso de la petrolera estatal con fines políticos y el requerimiento de mayoría accionaria en todos los consorcios petroleros que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2006. La primera práctica fue absorbiendo cada vez más recursos de PDVSA, mientras se descuidaban las actividades de inversión. Así, en medio de la prolongada bonanza petrolera y a pesar de los múltiples y sucesivos planes de expansión anunciados, el volumen de producción cayó de manera sostenida entre 1998 y el 2015 (17 %), y ya más exponencialmente de ahí en adelante (figura 2). La caída en la inversión, en un entorno en donde la petrolera estatal está forzada por ley a tener mayoría, provocó una caída similar en el resto de la industria, a ratos compensada por acuerdos financieros muy desventajosos para la república a través de los cuales los socios privados aportaban las fracciones de capital de PDVSA con cargo a producción o dividendos futuros. Para iniciar la recuperación, y traer la tecnología, el know-how y la experticia requerida, es necesario reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para abrirle espacios a la inversión privada nacional y extranjera.

Figura 2.13. Una hoja de ruta para la recuperación
Fuente: elaboración del autor, con base en documentos no publicados hasta ahora del proyecto Venezuela del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard.

El tercer pilar de una estrategia orientada a restablecer el flujo de divisas es una reestructuración agresiva de la deuda pública externa. Como se ha comentado, Venezuela ha acumulado una deuda externa que ronda los 140.000 millones de dólares. En línea con la política de fragmentación del tesoro nacional, el incremento en el endeudamiento público ha sido contratado de forma casi exclusiva fuera del Gobierno Central (figura 14), específicamente en PDVSA (entre bonos, líneas de crédito con bancos, y atrasos con socios y proveedores), el Banco de Desarrollo Nacional (Bandes, que es la contraparte de las deudas derivadas del Fondo Chino), y pagos pendientes por expropiaciones ya sentenciadas o en proceso en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.

Según se calcule, la deuda pública externa representa entre 3,5 y 5,0 veces el valor del producto interno bruto al cierre del 2020, entre 6,1 y 16,6 veces las exportaciones estimadas de Venezuela en el 2019 y el 2020, respectivamente. Más allá del año específico, Venezuela es el país más endeudado del mundo en relación con el tamaño de su economía y sus exportaciones. Ninguna de las fuentes correspondientes a los dos pilares anteriores —instituciones financieras internacionales (IFI), cooperación bilateral, o inversión extranjera directa— va a estar dispuesta a aportar divisas que vayan a servir los compromisos de deuda heredados. En esencia, eso sería caer en el mismo error en que incurrieron los acreedores actuales: prestar dinero de forma indiscriminada con la certeza de que los proventos no serán invertidos en ninguna actividad cuyos rendimientos que les permitan recuperar sus fondos en el largo plazo. La reestructuración de la deuda venezolana es un requisito sine qua non del proceso de recuperación, y como tal será reconocida y exigida como condición para reabrir los mercados financieros y restaurar el flujo de inversión.

Figura 2.14. Venezuela: deuda pública externa (millones de dólares corrientes)
Fuentes: Ministerio de Finanzas, Ecoanalítica y cálculos propios.

A partir de estos tres pilares, y con base en la restitución del mecanismo de mercado, es posible pensar en una secuencia virtuosa (figura 13) a través de la cual Venezuela pueda retomar el rumbo y sentar las bases de una aceleración productiva vigorosa y sostenida. El financiamiento internacional permitiría una recuperación de las importaciones, necesaria para atender la emergencia humanitaria y restablecer los inventarios de materias primas, partes y repuestos que se necesitan para poner en marcha lo poco que ha sobrevivido de aparato productivo privado. Este impulso, en un contexto de mercado, y en conjunto con la inversión derivada de un proceso de apertura petrolera, podrían tener un impacto inicial muy significativo en términos de crecimiento. Los ingresos fiscales derivados de la nueva actividad económica, junto con la fracción de recursos que pueda negociarse con IFI para atender necesidades presupuestarias, reducirían la dependencia del financiamiento monetario y contribuirían con la estabilización. En un contexto de apertura a los mercados institucionales, y con un plan creíble de crecimiento y estabilidad macroeconómica de mediano plazo, es posible pensar en una recapitalización del sistema financiero con capital nacional y extranjero.

La recuperación de Venezuela, cuandoquiera que se produzca, seguramente fluirá a través de una combinación que incluirá la mayoría de estas líneas. En el proceso, el país necesita desarrollar las capacidades del Estado y reconstituir la aglomeración de conocimiento perdida y dispersa en una diáspora que ya suma más de cinco millones de venezolanos.¹⁴

Esta es quizás el área más fértil en lo que respecta al tercer objetivo del presente ensayo: proponer áreas de políticas públicas que sean cruciales para la recuperación de Venezuela y en donde se requieran mayores esfuerzos de investigación. El país necesita con urgencia desarrollar las capacidades del Estado, que se han visto muy mermadas tras dos épocas de purgas políticas y cinco años de masiva emigración. La situación exige desarrollar mecanismos que permitan incrementar de forma acelerada la capacidad del Estado, reconstituir el Estado de derecho y recuperar la funcionalidad efectiva del Gobierno. Existen experiencias relativamente exitosas que se pueden analizar y adaptar a las particularidades del contexto venezolano, tales como la conformación del Grupo de Asistencia de Transición de las Naciones Unidas para Namibia (Untag).¹⁵

Una segunda área de investigación está relacionada con la diáspora. Venezuela cuenta hoy en día con una diáspora muy significativa —que representa aproximadamente el 15 % de su población— sobre la que se puede apalancar en términos de know-how, financiamiento e inversión, en el evento de una transición política. Cómo conectar con la diáspora, cuál puede ser su rol en la recuperación y qué políticas se deben promover desde el Estado para maximizar el aprovechamiento de la diáspora, son áreas relativamente recientes de investigación en las que se han hecho contribuciones que son relevantes para el caso de Venezuela, tales como Albania, India, Senegal o Vietnam.¹⁶

Una tercera área fértil para esfuerzos de investigación es la estrategia para optimizar las empresas públicas y demás activos hoy en día bajo control del Estado venezolano. La incapacidad del Estado como proveedor, junto con la necesidad de atraer inversión privada que contribuya a reducir el déficit público, aumentar el empleo y la producción, hace de esta una arista particularmente importante del programa de recuperación. La optimización depende de variables como el grado óptimo de asociación (empresas públicas, mixtas o privadas), o la modalidad de traspaso (restitución inmediata, privatización, subasta), los lapsos (corto, mediano y largo plazo). También existe así la posibilidad de crear un fondo de revalorización de activos públicos que le permita al Estado aprovechar las ventajas estratégicas de algunos activos en el corto plazo (v. gr. Banco de Venezuela, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, Movilnet o Electricidad de Caracas) y maximizar el retorno de su posible traspaso en el mediano plazo. Todas estas son áreas vírgenes en términos de investigación —en lo que respecta a Venezuela— que son cruciales para el proceso de recuperación.

Por último, un concepto que puede ser angular a la hora de atraer inversiones a áreas estratégicas es el de zonas económicas especiales. En el evento de una transición, el Estado venezolano se encuentra en una posición muy débil —en términos de capacidades funcionales y de recursos— como para garantizar que los insumos necesarios para el proceso de producción de las industrias con mayor potencial puedan ser proveídas en todo el territorio nacional. En esos casos, puede ser útil analizar la creación de perímetros industriales dentro de los cuales el Estado pueda garantizar las condiciones de funcionamiento y la provisión de insumos a ciertas industrias de alto potencial.

Estas son algunas de las áreas menos convencionales —la gente suele pensar primero en arreglos más generales tales como las políticas macroeconómicas o las instituciones— que serán cruciales para la transición y podrían verse beneficiadas de un esfuerzo significativo de investigación. En última instancia, lo que es seguro es que en el día después en Venezuela va a hacer falta de todo y va a haber relativamente pocos recursos para garantizar la provisión. Se trata, entonces, de optimizar los activos, de priorizar la provisión de insumos según su necesidad social e impacto productivo, y de buscar formas creativas de asociación en la provisión que permitan aprovechar el know-how existente y compartir los costos y beneficios de la inversión.

La experiencia de Venezuela a partir de 1977 sugiere que no será suficiente con revertir el desempeño económico provocado por el colapso reciente y “volver a lo de antes”. Entre 1978 y 1998, cuando existía alternabilidad regular en el poder, medios de comunicación libres, índices de criminalidad mucho más bajos y la propiedad privada no estaba amenazada, se produjo una caída en el ingreso por habitante del 25 %, que duplicó los índices de informalidad y pobreza extrema. Pensar en ese país como objetivo produce una suerte de referencia circular, porque fue precisamente allí donde se crearon las condiciones económicas y sociales que engendraron al chavismo. La clave está en cómo hacer a Venezuela y a los venezolanos del día después, efectivamente diferentes de los del día antes.

¹⁴ Puede consultarse en https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html

¹⁵ Véase, por ejemplo, Howard (2002) y Dzinesa (2004).

¹⁶ Véase Hausmann & Nedelkolska (2018), Pandey, Aggarwal, Devane & Kuznetsov (2004), Pham (2010), y Sinatti (2019), respectivamente.

Referencias

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• Banco Interamericano de Desarrollo. (2020, junio). Informe Sala Situacional de Monitoreo.
• Cagan, P. (1956). The monetary dynamics of hyperinflation. En M. Friedman, Studies in the Quantity Theory of Money (pp. 25-117). The University of Chicago Press.
• Calvo, G., Izquierdo, A., & Talvi, E. (2003). Sudden stops, the real exchange rate, and fiscal sustainability. National Bureau of Economic Research.
• Curiel, C. (2015). Complejidad de una agenda de desarrollo a partir de un escenario sin propiedad y sin mercado. En R. Balza, Venezuela 2015: economía, política y sociedad (pp. 89-104). Fundación Konrad Adenauer-Universidad Católica Andrés Bello.
• Dzinesa, G. (2004). A comparative perspective of UN peacekeeping in Angola and Namibia. International Peacekeeping, 644-663.
• EIA (International Energy Statistics). (2020). United States: United States Energy Information Agency.
• Hausmann, R. (2017, mayo). Los bonos del hambre.
• Hausmann, R., & Nedelkolska, L. (2018). Welcome home in a crisis: Effects of return migration on the non-migrants’ wages and employment. European Economic Review, 101-132.
• Hausmann, R., & Santos, M. (2014, septiembre). Should Venezuela default? Project Syndicate.
• Howard, L. (2002). UN peace implementation in Namibia: The causes of success. International Peacekeeping, 99-132.
• Muci, F., & Santos, M. (2016, octubre). Se vende país con vista al mar. Prodavinci.
• Muci, F., & Santos, M. (2019, octubre). ¿Pagar o no pagar? Venezuela en el espejo del PDVSA 2020. Prodavinci.
• Pandey, A., Aggarwal, A., Devane, R., & Kuznetsov, Y. (2004). India’s Transformation to Knowledge-based Economy-Evolving Role of the Indian Diaspora. Evaluaserve.
• Pham, A. (2010). The returning diaspora: Analyzing overseas Vietnamese (Viet Kieu) Contributions toward Vietnam’s Economic Growth. Hanoi: Depocen Working Paper Series 2011/20.
• Reinhart, C., & Santos, M. (2016). From financial repression to external distress: The case of Venezuela. Emerging Markets Finance and Trade, 1-30.
• Santos, M. (2018). ¿Cuántos son y qué perfil tienen los venezolanos en el exilio? Una aproximación a través de Facebook. Prodavinci.
• Sinatti, G. (2019). Return migration, entrepreneurship and development: Contrasting the economic growth perspective of Senegal’s diaspora policy through a migrant-centred approach. African Studies, 609-623.
• Stein, E. (2020). Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) 2020: For refugees and migrants from Venezuela. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).